El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado un reglamento para el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que define derechos y deberes de usuarios y entidades, e incorpora la perspectiva de género.
El Ayuntamiento de Barcelona ha dado luz verde a un reglamento que ordena el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), un instrumento que busca dar seguridad jurídica tanto a las personas usuarias como a los profesionales y las entidades que prestan el servicio. La normativa, aprobada este martes, responde a una demanda histórica de entidades, grupos municipales, el Síndic de Barcelona y las propias personas usuarias.
El texto define los derechos y deberes de las personas usuarias y su entorno de cuidados, así como las obligaciones del Ayuntamiento y de las entidades prestadoras. También incorpora la perspectiva de género para reconocer la feminización del sector laboral de los cuidados y subraya la responsabilidad de las administraciones en la democratización de estos trabajos.
La concejala de Salud, Personas con Discapacidad y Estrategia contra la Soledad, Marta Villanueva, ha destacado que con este reglamento Barcelona "da un paso adelante para situar los cuidados como eje central del bienestar colectivo". Ha defendido la necesidad de transitar "de un modelo basado en la responsabilidad privada y sostenido por las mujeres" hacia otro de corresponsabilidad colectiva.
El reglamento ha sido sometido a un proceso participativo en la plataforma decidim.barcelona, que ha generado 297 aportaciones y comentarios entre espacios presenciales y digitales. La participación ha servido para definir conjuntamente los principios, objetivos, prestaciones, criterios de acceso y otros aspectos del servicio.
La normativa contempla la creación del Consejo de Participación del SAD, un órgano que dará voz a todos los agentes implicados en el servicio. Además, incluye un régimen sancionador con infracciones leves, graves y muy graves que pueden llegar a la suspensión o finalización del servicio.
El SAD atiende a personas en situación de riesgo social, según los criterios de los servicios sociales básicos municipales, y a personas con dependencia reconocida por la Generalitat. Con esta regulación, Barcelona pretende reforzar la calidad y la eficiencia de un servicio esencial para muchos vecinos de la ciudad.
El reglamento entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, y el Ayuntamiento prevé poner en marcha el Consejo de Participación en los próximos meses.
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