El Govern de Salvador Illa y los comunes han registrado una proposición de ley para incrementar la edificabilidad en municipios tensionados como Barcelona y su área metropolitana, con el objetivo de acelerar la construcción de vivienda protegida.
El Govern de Salvador Illa y los comunes han registrado este viernes en el Parlament una proposición de ley que permite aumentar la edificabilidad en los municipios con mercado de vivienda tensionado, como Barcelona y su área metropolitana, para impulsar la construcción de vivienda protegida (VPO). La medida, que forma parte del acuerdo presupuestario para 2026, tiene carácter temporal y excepcional, y estará vigente hasta 2030, con posibilidad de prórroga.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defendido la iniciativa señalando que "vivimos un momento de emergencia residencial que exige más capacidad de actuación, más cooperación con todas las instituciones y menos tiempo entre la planificación y la ejecución de las obras". La proposición busca agilizar la construcción de viviendas asequibles sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico.
Entre las medidas destacadas, se permite incrementar en un 20% la edificabilidad residencial, incluso superando la altura reguladora, para construir VPO en suelos o edificios de uso terciario destinados a oficinas, hoteles y aparcamientos privados en altura, siempre que las nuevas viviendas ocupen al menos el 50% de la superficie construida. También se contempla la reconversión de locales comerciales en planta baja en VPO, con una superficie mínima de 50 metros cuadrados, siempre que el ayuntamiento correspondiente lo acuerde.
Otra de las novedades es la posibilidad de subdividir grandes pisos y reconvertir despachos en viviendas protegidas, con una superficie mínima de 50 metros cuadrados. En caso de subdivisión, la nueva vivienda deberá ser protegida, y cuando se trate de un cambio de uso, toda la superficie transformada deberá destinarse a VPO. Además, se permitirá construir VPO en parcelas que actualmente no reúnen las condiciones mínimas de edificación, siempre que cumplan los requisitos de habitabilidad.
La proposición también prevé añadir nuevas plantas destinadas a VPO en edificios que ya hayan agotado su edificabilidad pero que dispongan de altura disponible. Estas ampliaciones no podrán superar la altura real de las medianeras de los edificios colindantes. Para garantizar la protección pública, si el edificio se derriba y se construye uno nuevo, deberá incorporar el mismo número de viviendas protegidas.
La iniciativa ha sido bien recibida por los ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona, que ven en estas medidas una herramienta para aumentar el parque de vivienda asequible en sus municipios. No obstante, algunos sectores han mostrado cautela ante el posible impacto en la densidad urbana y la calidad de vida de los vecinos.
El pacto entre PSC y comunes se enmarca en la negociación de los Presupuestos de la Generalitat para 2026, y la proposición de ley se tramitará en el Parlament en los próximos meses. Se espera que las medidas puedan aplicarse de forma inmediata una vez aprobadas, sin necesidad de modificar los planes urbanísticos locales.
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