El pleno municipal ha aprobado este viernes instar al Gobierno y la Generalitat a regular los alquileres de locales comerciales, con el objetivo de proteger el comercio de proximidad. La propuesta del PSC ha salido adelante con el apoyo de ERC y Comuns, mientras que Junts, PP y Vox han votado en contra.
El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes una proposición del PSC para instar al Gobierno central y a la Generalitat a adoptar medidas que permitan limitar los alquileres de locales comerciales en la ciudad. La iniciativa, defendida por la concejala de Comercio, Raquel Gil, busca preservar el comercio de barrio y los establecimientos emblemáticos frente al incremento de las rentas.
La propuesta ha recibido el apoyo de ERC y los Comuns, aunque ambos grupos han expresado críticas a la fórmula planteada por los socialistas. En cambio, Junts, PP y Vox han votado en contra, al considerar que se trata de un intervencionismo que puede perjudicar al mercado. La patronal Barcelona Oberta también ha mostrado su discrepancia, señalando que la regulación no es la mejor solución.
El texto aprobado plantea una estrategia doble. Por un lado, insta al Gobierno español a modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para permitir la regulación de los alquileres comerciales. Por otro, pide a la Generalitat que cree un nuevo instrumento de tanteo y retracto que otorgue a las administraciones derechos preferentes de compra de locales estratégicos o singulares cuando salgan a la venta, siempre que sean espacios sensibles a la presión inmobiliaria y turística.
Durante su intervención, Raquel Gil ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con la defensa del comercio de proximidad, los comercios singulares y los establecimientos tradicionales, que considera elementos identitarios de los barrios. La concejala ha pedido que el Congreso habilite mecanismos para contener los precios en las zonas más afectadas por el incremento sostenido de las rentas, con el objetivo de garantizar la permanencia de los pequeños negocios y evitar la homogeneización comercial.
El PSC argumenta que los incrementos de alquiler no pueden ser asumidos por el comercio de proximidad, pero sí por grandes operadores o franquicias con mayor capacidad económica. Esto provoca una sustitución de los negocios tradicionales y una pérdida de diversidad y referentes locales. La propuesta pretende frenar este proceso antes de llegar a lo que el alcalde Jaume Collboni ha calificado como desertificación comercial.
El debate sobre la regulación de los alquileres comerciales no es nuevo. En 2024, ERC ya presentó una proposición en el mismo sentido, que fue aprobada en la Comisión de Economía con el apoyo de PSC y Comuns. Sin embargo, en aquel momento la responsable de Comercio tenía dudas sobre a qué tipo de locales acotar las medidas. Ahora, el Ayuntamiento ha concretado su propuesta, que se centra en los comercios de barrio, estratégicos y emblemáticos.
Collboni avanzó sus planes el pasado miércoles, asegurando que hay recorrido para proteger el comercio local antes de que se produzca una desertificación comercial. La iniciativa, según el alcalde, podría servir de ejemplo para otras ciudades, ya que Barcelona volvería a ser pionera en la implementación de este tipo de medidas.
La proposición aprobada establece que el Ayuntamiento trabajará de forma paralela con la Generalitat para desarrollar el nuevo instrumento de tanteo y retracto, que permitiría a las administraciones comprar locales estratégicos cuando salgan al mercado. Esta medida se aplicaría de forma selectiva, centrándose en aquellos espacios más sensibles a la presión inmobiliaria y turística.
El siguiente paso será trasladar la petición al Gobierno central y a la Generalitat, para que inicien los trámites legislativos necesarios. Mientras tanto, el Ayuntamiento continuará analizando el impacto de la medida y estudiando posibles mejoras. La regulación de los alquileres comerciales se perfila como una de las prioridades del consistorio para los próximos meses, en un contexto de creciente preocupación por la pérdida de comercio de proximidad en los barrios de Barcelona.
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