Agentes de la Policía Local de Santa Coloma de Gramenet detuvieron esta madrugada a un motorista que circulaba con el casco mal abrochado y que, al ser requerido, intentó darse a la fuga. El conductor se negó a someterse a la prueba de alcoholemia y ha sido citado a juicio rápido.
Una infracción menor de tráfico ha destapado esta madrugada un delito más grave en Santa Coloma de Gramenet. Agentes de la Policía Local observaron a un motorista que llevaba el casco puesto pero sin abrochar correctamente, lo que anulaba su efecto protector en caso de accidente. Al indicarle que detuviera el ciclomotor para ser sancionado, el conductor hizo caso omiso e intentó huir.
Los agentes lograron interceptarlo rápidamente. Al hablar con él, percibieron claros síntomas de embriaguez, por lo que procedieron a requerirle la prueba de alcoholemia. El motorista se negó de forma reiterada, a pesar de que los policías le advirtieron de que era una obligación legal y de que negarse constituye un delito.
Ante la negativa, los agentes denunciaron al conductor por un presunto delito contra la seguridad vial por conducir bajo los efectos del alcohol y por desobedecer la orden de someterse a la prueba. El hombre ha quedado citado para un juicio rápido, que se celebrará en los próximos días en los juzgados de la localidad.
Además, se le ha impuesto una multa por la infracción inicial de llevar el casco mal abrochado, una conducta que, según fuentes municipales, pone en grave riesgo la integridad del motorista. El ciclomotor ha sido inmovilizado y trasladado al depósito municipal por la grúa, donde permanecerá hasta que se resuelva el proceso judicial.
Este tipo de actuaciones se enmarcan en los controles rutinarios que la Policía Local de Santa Coloma realiza para garantizar la seguridad vial. Desde el consistorio recuerdan que llevar el casco correctamente abrochado es obligatorio y que su mal uso puede tener consecuencias fatales en caso de siniestro.
El caso ha generado sorpresa entre los vecinos de la zona, donde la circulación de ciclomotores es habitual. La rápida intervención policial evitó que el conductor, en evidente estado de embriaguez, pudiera seguir circulando y provocar un accidente.
Las autoridades locales insisten en la importancia de respetar las normas de tráfico y recuerdan que la negativa a realizar la prueba de alcoholemia conlleva penas de prisión de seis meses a un año, además de la retirada del permiso de conducir. En este caso, el conductor se enfrenta a un juicio rápido donde se determinará su responsabilidad penal.
El ciclomotor, mientras tanto, queda a disposición judicial. El propietario podrá recuperarlo una vez finalice el proceso, previo pago de las tasas de depósito. La policía recomienda a los conductores de vehículos de dos ruedas extremar las precauciones y revisar siempre el equipo de protección antes de ponerse en marcha.
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