La Guardia Urbana ha tramitado 17.461 denuncias por incivismo entre febrero y junio, un 32,7% menos que el año pasado. Sin embargo, las sanciones por ensuciar la vía pública crecen un 310% y las de orinar un 15%.
La nueva ordenanza de civismo de Barcelona, en vigor desde mediados de febrero, está dando sus primeros resultados con cifras dispares. Mientras el total de denuncias por incivismo ha caído un 32,7% respecto al mismo periodo del año anterior, las sanciones por conductas que ensucian la calle se han disparado. Así lo ha presentado este miércoles la Comisionada de Convivencia, Montserrat Surroca, acompañada del intendente mayor de la Guardia Urbana, Benito Granados.
Entre el 15 de febrero y el 30 de junio de 2026, la Guardia Urbana ha registrado 17.461 denuncias, frente a las 25.956 del mismo periodo de 2025. De estas, 11.557 han culminado con multa y en 259 casos el infractor se ha acogido a medidas alternativas, un 169,8% más que el año anterior. Surroca y Granados han coincidido en que el descenso no obedece a una menor actividad policial, sino a una reorientación de los agentes hacia infracciones estratégicas que más molestan a los vecinos.
El incremento más llamativo se da en las denuncias por ensuciar la vía pública, que pasan de 414 a 1.698, un 310,1% más. El Ayuntamiento atribuye este aumento a que las nuevas herramientas permiten detectar y sancionar mejor las prácticas que degradan el espacio público. También suben un 15,2% las denuncias por orinar en la calle, de 2.722 a 3.136. La ordenanza incorpora supuestos agravados, como orinar o defecar cerca de establecimientos de pública concurrencia o junto a lavabos públicos abiertos, que elevan la sanción.
Otra categoría que crece de forma espectacular es el "uso impropio de la vía pública", que incluye montar jaleo en juegos infantiles: las denuncias se disparan un 1.000%, de 43 a 481. En cambio, la principal caída se produce en el consumo callejero de alcohol, que pasa de 18.015 a 6.830 denuncias, un 62,1% menos. El consistorio explica que la antigua ordenanza estaba obsoleta y no se ajustaba a la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, que solo permite multar si el consumo genera un perjuicio acreditado, como un botellón masivo o la incitación a menores.
Con la nueva norma desaparecen dos supuestos de denuncia anteriores y se introducen infracciones vinculadas a la alteración efectiva de la convivencia, con multas mucho más elevadas. Así, se han interpuesto 6.504 denuncias genéricas por consumo de alcohol, 165 por consumo en grupos de tres o más personas con riesgo de consumo masivo, 36 en zonas protegidas frente al ruido y 42 en espacios frecuentados por menores. Granados ha reconocido que "debía haber una cierta inflación" en el número anterior de denuncias por beber, que solían quedar reducidas a 25 euros si se pagaban al momento y "no eran disuasorias". Ahora una sanción de 1.250 euros invita a reconducir hábitos o a solicitar la convalidación por un curso de civismo. "Nuestro objetivo no es que paguen, es que dejen de hacerlo", ha subrayado.
Los responsables han asumido que el periodo analizado "es relativamente corto para extraer conclusiones muy claras" y que parte de los efectivos han tenido que destinarse a la seguridad de grandes eventos de la primavera. No obstante, consideran que la aplicación de la ordenanza "va por buen camino". Para los vecinos de Barcelona, la evolución de estas cifras tendrá un impacto directo en la percepción de limpieza y orden en el espacio público.
La nueva ordenanza de civismo, fruto de una reforma de la norma de 2006 largamente negociada entre los partidos municipales, pretende adaptar la regulación a la realidad actual de la ciudad. Los próximos meses serán clave para evaluar si las tendencias se consolidan o si, por el contrario, se requieren ajustes en la estrategia sancionadora.
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