El Govern ha prorrogado un año el tope a los alquileres y ha actualizado la lista de municipios con mercado residencial tensionado. Sant Boi de Llobregat es una de las 22 localidades que salen de la declaración, mientras que 53 nuevos municipios se incorporan.
El Govern de la Generalitat ha aprobado prorrogar durante un año la declaración de zona de mercado residencial tensionado en la mayoría de los municipios catalanes que ya contaban con el tope de precios del alquiler. La revisión anual, que entrará en vigor en los próximos días, supone cambios significativos en la lista de localidades afectadas: 53 nuevos municipios se incorporan a la regulación, mientras que 22 salen de ella. Entre los que abandonan la declaración se encuentra Sant Boi de Llobregat, que hasta ahora formaba parte del grupo de municipios con el mercado del alquiler intervenido.
La decisión, anunciada por la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, responde a la revisión obligatoria que establece la Ley estatal por el derecho a la vivienda. Según los datos del Ejecutivo catalán, los municipios que salen de la lista han mejorado sus indicadores de accesibilidad a la vivienda, lo que demuestra, en palabras de Paneque, que “el mecanismo del tope de precios del alquiler funciona a la hora de contener el alza de precios”.
En concreto, los 22 municipios que dejan de ser considerados zonas tensionadas suman una población conjunta de 634.171 habitantes. Entre ellos figuran, además de Sant Boi de Llobregat, localidades como Granollers, Mollet del Vallès, Figueres, Lleida, Reus o Tortosa. En cambio, los 53 nuevos municipios que se incorporan a la lista, en su mayoría pueblos pequeños, concentran una población total de 255.751 personas. La red final de municipios tensionados pasa de 271 a 302, aunque la población afectada se reduce de casi seis millones a 5,5 millones de personas.
Para los vecinos de Sant Boi de Llobregat, la salida de la lista implica que, a partir de ahora, los precios del alquiler en el municipio ya no estarán sujetos al límite que establecía la declaración de zona tensionada. Esto significa que los nuevos contratos de alquiler podrán fijar precios sin el techo que impedía superar la renta del último contrato vigente de los últimos cinco años, actualizada según el IPC. No obstante, el Govern subraya que la medida no es definitiva y que la situación se revisará anualmente.
La consellera Paneque ha defendido que la regulación de los alquileres forma parte de una estrategia más amplia de políticas de vivienda que incluye el impulso de nueva promoción pública, ayudas al pago del alquiler y medidas para facilitar la emancipación de los jóvenes. “Contención de los precios, impulso a la construcción de más vivienda pública de alquiler, ayudas para continuar pagando el alquiler o para que los jóvenes se puedan emancipar... todo son herramientas para asegurar que la ciudadanía pueda acceder a una vivienda”, ha afirmado.
La primera declaración de zonas tensionadas, aprobada en 2024, expira en marzo de 2027, ya que la ley estatal establece una vigencia inicial de tres años. A partir de ese momento, las administraciones deben revisar anualmente si los municipios siguen cumpliendo las condiciones para mantener esta consideración antes de poder prorrogar su vigencia. Catalunya fue pionera en aplicar el tope a los precios del alquiler, y desde entonces se ha convertido en un referente en la contención del mercado.
Para que un municipio sea declarado zona tensionada, debe cumplir al menos uno de dos requisitos: que las familias destinen más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o la hipoteca, o que el precio de compra o alquiler de las viviendas haya aumentado en los últimos cinco años al menos tres puntos porcentuales por encima del IPC. En el caso de Sant Boi, la mejora de estos indicadores ha llevado a su exclusión de la lista.
La decisión del Govern ha generado reacciones diversas entre los agentes del sector. Mientras que las asociaciones de inquilinos lamentan que la salida de municipios como Sant Boi pueda suponer un repunte de los precios, los propietarios y agencias inmobiliarias celebran la medida como un paso hacia la liberalización del mercado. Por el momento, el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat no se ha pronunciado oficialmente sobre el cambio, aunque se espera que en los próximos días valore el impacto de la medida en el municipio.
Los vecinos que actualmente tienen un contrato de alquiler en Sant Boi no verán alteradas sus condiciones, ya que el tope solo afectaba a los nuevos contratos. Sin embargo, quienes busquen piso en el municipio a partir de ahora podrían enfrentarse a precios más elevados, al desaparecer el límite legal. El Govern insiste en que la revisión anual permitirá volver a incluir a Sant Boi si las condiciones empeoran.
También te puede interesar
